Reforma al Código de Aguas podría aprobarse a principios de 2020 tras ocho años de tramitación

Por moción parlamentaria ingresada a tramitación en marzo de 2011, se inició la discusión del proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas.
El proyecto ha sufrido cambios significativos durante su tramitación, a través de indicaciones sustitutivas presentadas en 2014 por el gobierno de Michelle Bachelet y en 2019 por el gobierno de Sebastián Piñera, y sucesivos cambios a su prioridad legislativa. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en discusión ante la Comisión de Agricultura del Senado.

El proyecto, en su versión actual, busca modificar el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas, con el objeto de darles un carácter temporal; restringir el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez; establecer causales de extinción y caducidad; facilitar la intervención en áreas hidrológicas por parte del Estado; y reformar el sistema de pago de patente por no uso.  

Este lunes continuará en la Comisión de Agricultura del Senado la discusión en torno al proyecto de Ley que modifica el Código de Aguas. El trámite legislativo ha estado estancado por cerca de dos años en esa instancia y lleva un total de ocho años intentando ser aprobado.

De hecho, este mes, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, solicitó a los senadores de la comisión un tiempo para conversar nuevas indicaciones sobre la naturaleza jurídica de los derechos de agua.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que para el Gobierno existen dos principios fundamentales en torno a esta reforma: que el agua sea un bien de uso público para consumo humano y acabar con la especulación.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador socialista Álvaro Elizalde, destacó ambos principios como fundamentales e insistió en la necesidad de aprobar lo antes posible esta reforma, luego de ocho años de tramitación. 

La senadora independiente Carmen Gloria Aravena, integrante de la misma comisión, cuestionó la existencia de un porcentaje de agua cuyos derechos fueron otorgados, pero del cual no se tiene registro de quiénes lo están administrando, debido a que la legislación actual no obligaría a inscribir estos derechos en la Dirección General de Aguas.

Uno de los temas que provoca mayor discusión entre los senadores de la comisión es la indicación que le quitaría la certeza jurídica a los derechos de agua ya entregados, principalmente porque se debería comenzar un proceso de expropiación.

Fuente: biobiochile.cl